A un niño de 12 años que mata a un amigo no lo podemos sentar en el banquillo, pero a sus padres sí.

La frase condensa una preocupación frecuente en las intervenciones de Emilio Calatayud, juez de menores durante décadas: cuando un niño muy pequeño comete un acto gravísimo, la sociedad no debería limitarse a mirar al autor material. También debe preguntarse qué falló en la familia, la escuela, los servicios públicos y el entorno.

En España, la Ley Orgánica 5/2000 se aplica a quienes tienen entre catorce y diecisiete años. Si el autor es menor de catorce, su artículo 3 excluye la responsabilidad conforme a esa ley y remite el caso al sistema de protección de menores, con intervención del Ministerio Fiscal y de la entidad pública competente.

Calatayud ha escrito que rebajar la edad penal a doce o trece años supondría reconocer un fracaso familiar, escolar y social. Incluso al contemplar ese debate, defendía respuestas educativas y medidas alternativas al internamiento. Su enfoque habitual insiste en corregir y reinsertar, no solo en castigar.

La dureza del ejemplo —un niño que mata a un amigo— impide refugiarse en explicaciones simples. Proteger a la víctima, investigar el entorno del menor y prevenir nuevos daños son obligaciones simultáneas. Convertir el caso en un eslogan contra los padres puede ser tan insuficiente como fingir que los adultos y las instituciones no tienen ninguna responsabilidad.

Su lectura más útil es colectiva: la inimputabilidad por edad no debe producir indiferencia. Cuando el Derecho penal juvenil no es la vía, deben activarse protección, evaluación y apoyo especializado. La pregunta relevante deja de ser únicamente quién merece castigo y pasa a incluir qué medidas pueden reparar, educar y evitar que la violencia se repita.

Norma y reflexión del autor consultadas: BOE, Ley Orgánica 5/2000, artículo 3 y Blog de Emilio Calatayud, Síntoma de un fracaso social.